La secretaria de trabajo, reclamo y reivindicación del Sindicato Unitario del Magisterio (Suma) en Carabobo, Angélica Flores, denunció que hay más de 3.600 educadores en la entidad que tienen el salario suspendido.
Esta situación se viene presentando desde el mes de octubre de 2024, cuando un grupo de docentes dejó de aparecerle el ingreso nómina en sus cuentas. El número de afectados ha incrementado a medida que pasan los días.
Aunado a esto, algunos educadores tampoco están recibiendo el Bono de Guerra Económica a través del sistema Patria.
Esta situación, según Flores, llama la atención porque este beneficio se creó para salvaguardar al maestro y al trabajador de la administración pública afectados por la crisis económica.
Explicó que este dinero fiduciario proviene de la declaración por parte del Estado y se usa virtualmente porque la persona lo acepta en un monedero del sistema Patria. Estos recursos no tienen ningún respaldo ni incidencia en las prestaciones sociales, aguinaldos o bono vacacional. Solo tiene el respaldo del Ejecutivo nacional.
«No sabemos por qué se está tomando este tipo de decisiones contra docentes que están prestando el servicio. A ellos prácticamente los están dejando por fuera sin nada, irrespetando la inamovilidad laboral decretada por Nicolás Maduro».
Manifestó que quienes se han visto afectados cuando hacen el reclamo solo les responden con excusas, entre ellas la existencia de un error en el sistema y que no cobran por donde trabajan.
«Desde el año 2020 estamos pidiendo que se haga una sinceración de nómina en caliente, escuela por escuela. Han pasado cinco años y ese proceso no existe».
A su juicio, esta es una violación al derecho laboral, mientras que el trabajador sigue indefenso ante está problema que se viene presentado.
Casos de incapacidad
Señaló que en el año 2017, producto de la pandemia, no se realizaron juntas médicas ni en el Ipasme ni en el Seguro Social. Posteriomete se efectuaron dichas reuniones sin que se haya actualizado la nómina, por lo tanto no se pudieron convocar a los maestros con problemas asistenciales.
«Estos significó que ellos perdieron exámenes médicos y tomografías. Ahora los están obligando a que vuelvan el ciclo de justificación médica, lo cual representa un gasto para docentes y personal suspendido que no cuenta con recursos para repetir sus evaluaciones».
Flores calificó de grave lo que está sucediendo y alegó que han ido a los diferentes organismos a exponer el caso, pero aún no tienen respuesta a sus solicitudes.
Reporte: Marlene Castellanos.