La secretaria de trabajo, reclamo y reivindicación del Sindicato Unitario del Magisterio (SUMA) Carabobo, Angélica Flores, alertó que más de 200 educadores tienen sus salarios suspendidos arbitrariamente.
La gremialista dijo que existe una constante violación a los derechos humanos y laborales de los docentes.
“Se está agudizando la situación que no solo incluye a maestros sino también a dirigentes sindicales”.
Comentó que la Organización Internacional de Trabajo viene desarrollando un seguimiento a un conjunto de recomendaciones dadas al Estado venezolano, relacionadas con el derecho de los trabajadores a asociarse en sindicatos para mejorar sus condiciones laborales y económicas, a promover sus iniciativas. “Hoy nos preguntamos ¿qué ha pasado con estas iniciativas?”.
Manifestó que el incumplimiento de las mismas es un factor que contribuye a la persistencia de la situación de emergencia humanitaria compleja, en la cual la respuesta de las autoridades sigue siendo la violencia.
Otras fuentes
“Revisando diversas fuentes de información, tales como investigaciones publicadas en informes anuales del Programa Venezolano de Educación en Derechos Humanos (Provea) y del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) 2021-2022 de las principales actividades y acciones del movimiento sindical durante el año 2022 y entrevistas a dirigentes sindicales y activistas sobre las condiciones en las cuales los sindicalistas y defensores de derechos actúan en exigencia de salarios y libertad sindical en Venezuela”.
Como en otros informes de ODEVIDA precedentes, Flores destacó que se ratifica en el presente periodo de estudio la falta de información de las fuentes oficiales, tales como Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, que no presenta indicadores en materia de libertad sindical desde 2016 ni de firmas de contrataciones colectivas.
“Se orienta la presente investigación hacia la identificación de las razones fundamentales por las cuales siguen presentes las violaciones a los derechos humanos de trabajadores y dirigentes sindicales producto de la violencia estatal y paraestatal con aquiescencia o complicidad de los poderes públicos, fundamentalmente la violación al derecho a la libertad personal en los casos encontrados”.
Como punto central, se tiene la información referente al proceso llevado con asistencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“El informe emitido sobre Venezuela en 2019 instó al gobierno a impulsar “un diálogo tripartito para la reconciliación nacional, el desarrollo económico sostenible y la justicia social”, es decir, de implementarse las recomendaciones, la situación en el país mejoraría”.
Aseveró que el no tomarlas en cuenta ha implicado que los sectores sociales, en este caso los trabajadores, aumentarían la exigibilidad de derechos, como ha quedado registrado a inicios de 2022. “Ante esto, la respuesta sigue siendo el desconocimiento de los mismos y la violencia gubernamental, quedando como interrogante para el propio movimiento laboral y la comunidad nacional e internacional, si hay avances o no en materia de fijación de salario, libertad sindical y verdadero diálogo tripartito”.
Dijo que es por ello que exigen al Estado patrono respuesta inmediata ante esta situación. La lucha del movimiento sindical es en defensa de los derechos laborales.
“Los principales conflictos: defensa del salario, lineamientos ONAPRE y defensa de los derechos humanos, sociales y laborales de los trabajadores”.
Marlene Castellanos con datos de nota
