El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha instruido la colocación de dispositivos electrónicos de rastreo con GPS a más de 180.000 migrantes que participan en su programa de supervisión alternativo a la detención.
La decisión, revelada por The Washington Post tras acceder a un documento interno fechado el 9 de junio, establece que la medida debe aplicarse “siempre que sea posible” a los inscritos en el programa “Alternativas a la Detención”, aunque se contemplan excepciones, como en el caso de mujeres embarazadas, a quienes se les colocarán muñequeras electrónicas en lugar de tobilleras.
Este programa supervisa actualmente a cerca de 183.000 migrantes que se han unido de forma voluntaria mientras esperan la resolución de sus procesos migratorios sin permanecer detenidos. Hasta ahora, solo un 13 % de ellos, alrededor de 24.000, usaban dispositivos de monitoreo electrónico.
La nueva directriz ha reavivado el debate en torno a los límites entre control migratorio y derechos humanos. Si bien algunos defensores consideran el uso de estos dispositivos como una alternativa menos severa que la detención en centros, organizaciones de derechos civiles advierten sobre sus consecuencias psicológicas, sociales y legales.
“Está diseñado para convertir sus propias comunidades y hogares en jaulas digitales”, afirmó la abogada Laura Rivera, crítica de la medida. Además del impacto en la privacidad, muchos migrantes enfrentan estigmatización social y dificultades para acceder a empleos o integrarse en sus entornos debido a los dispositivos visibles.
La orden del ICE coincide con el endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump, quien regresó a la presidencia en enero de 2025 con la promesa de aplicar una línea dura contra la inmigración irregular.
