Edgar Silva, coordinador del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad denunció ante la opinión pública nacional e internacional la situación de exterminio progresivo que enfrenta la población adulta mayor en Venezuela, como consecuencia directa de la política de ingresos miserables impuesta por el Estado venezolano.
Indicó que, desde el 15 de marzo de 2022, el monto de la pensión del IVSS y de la Misión Amor Mayor permanece estancado en 130 bolívares mensuales, equivalentes a tan solo 1,10 dólares al cambio oficial del día de hoy.
Esta cifra se encuentra por debajo de la línea internacional de pobreza extrema establecida por el Banco Mundial (1,90 dólares diarios), y evidencia la inexistencia de un sistema de protección social digno en el país.
“Este ingreso no permite cubrir ni siquiera las necesidades más básicas para la subsistencia humana: alimentación, medicamentos, atención médica, servicios básicos o transporte. A ello se suma el peso económico que muchos adultos mayores deben asumir en sus hogares como únicos o principales sostenes del núcleo familiar, en un país donde la migración ha fracturado millones de familias”.
Comentó que este abandono sistemático constituye una forma de violencia institucional, discriminación por edad y una política de exterminio silencioso que viola flagrantemente los derechos humanos. Así lo establece el Artículo 7, literal b del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, al calificar como crimen de lesa humanidad el exterminio cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
La situación se agrava en un contexto de inflación galopante y devaluación continua del bolívar. Si la tendencia se mantiene, en los próximos días la pensión venezolana alcanzará el equivalente a cero dólares, marcando el colapso absoluto y definitivo del sistema de pensiones en Venezuela, y dejando como legado histórico de quienes hoy detentan el poder político la aniquilación de la dignidad y la vida de una generación entera.
“Desde el Comité hacemos un llamado urgente a los organismos internacionales, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a la comunidad democrática global a documentar, visibilizar y actuar frente a esta tragedia silenciosa que afecta a más de cinco millones de venezolanos de edad avanzada”.
