De acuerdo a los declarantes Isleidys Pérez y David Piña, ellos acudieron junto a una inspectora de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde) para que revisara el cobro de aranceles basando en euros por un total de 2.400 bolívares destinados a la Alcaldía de Naguanagua, cuanto se hicieron presentes dos policías.
Los uniformados pretendían trasladarlos junto a la representante del organismo regulador, aludiendo que en ese lugar se estaba presentado una incidencia, situación la cual era irreal.
Los socios informaron que el presidente de la Asociación se comportó de manera grosera con la Inspectora, pues la dejó con la palabra en la boca y le cerró la puerta en la cara.
Ante este escenario, la funcionaria levantó un acta en la cual relata que también recibió malos tratos por directivos de la línea.
Al final los efectivos del cuerpo de seguridad desistieron del proceso, porque no hubo ningún hecho punible.
Los socios aseguraron que la Fiscal 31 conoce sobre todas las irregularidades que han cometido quienes dirigen la Asociación, pero ha hecho caso omiso a esta situación.
Reporte: Marlene Castellanos.
