Este domingo se efectúan las elecciones presidenciales de Ecuador, en su segunda vuelta, donde más de 13,7 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para decidir entre el actual mandatario Daniel Noboa para un mandato 2025 al 2029, o se abre de nuevo el camino para el correismo con Luisa González, en caso de triunfar, la convertiría en la primera mujer en la historia de ese país en ganar unas elecciones presidenciales.
Todo está listo, la mesa está servida, y un total de 92.112 observadores han acreditado los grupos políticos que postulan a Daniel Noboa y a Luisa González.
Entre el jueves y viernes se cumplió el voto anticipado en las cárceles y en los domicilios de personas mayores de 50 años con discapacidad superior al 75 %, acreditadas para el proceso.
Según el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, el proceso de mañana será uno de los «más observados por las organizaciones políticas», que tendrán a sus delegados en las juntas receptoras del voto y en los más de 1.600 centros de escaneo de las actas.
Además de los observadores acreditados por las agrupaciones políticas, también estarán presentes en el proceso delegados internacionales de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros.
Estado de excepción en siete provincias
A pocas horas del proceso electoral, el jefe de Estado, Daniel Noboa, decretó este sábado el estado de excepción en siete provincias, en Quito, un cantón de Azuay y en las cárceles de Ecuador.
Noboa aduce a la «grave conmoción interna» ante el incremento de los índices de violencia, cometimiento de delitos e intensidad de la perpetración de ilícitos por grupos armados organizados en las mencionadas zonas y las cárceles, donde en años anteriores se han registrado masacres entre grupos rivales de reos.
La medida, que durará 60 días e incluye el toque de queda y la restricción de la movilidad, compete a las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, así como al Distrito Metropolitano de Quito (provincia de Pichincha) y el municipio Camilo Ponce (provincia del Azuay).
El decreto, que también incluye a los centros de privación de libertad del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, contempla medidas como suspender el derecho a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia.
Fuente:EFE/Foto:Valora Analitik
