En Venezuela, un número creciente de abogados ha encontrado en TikTok una plataforma para divulgar sus opiniones. Muchos lo hacen con buenas intenciones, pero algunos han amplificado una supuesta “creciente preocupación” sobre las “denuncias falsas” que las mujeres presentan contra los hombres, alegando que estos, bajo la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ven vulnerado su derecho a la defensa. Si bien es posible que existan casos aislados —en el derecho penal, esto se tipifica como “simulación de hecho punible”—, extrapolarlos a una generalización es injustificado. Peor aún es sugerir reformas a esa ley para desproteger a las mujeres, quienes, según estadísticas y estudios rigurosos, son víctimas recurrentes de violencia en una sociedad marcadamente patriarcal y machista.
Este es solo un ejemplo de cómo opiniones sin sustento terminan justificando políticas públicas carentes de evidencia. En Venezuela, en lugar de emprender un esfuerzo serio por recolectar datos, estadísticas y estudios científicos que reflejen la realidad, muchos responsables de las políticas públicas se guían por convicciones personales, a menudo enraizadas en prejuicios y resistentes al escrutinio del debate público.
Un caso similar ocurre con la despenalización del aborto. Es común escuchar a personas —incluso con títulos universitarios— afirmar que “si se aprueba, aumentarán los abortos porque las mujeres lo harán a su antojo”. Estos argumentos ignoran realidades fundamentales: las mujeres deben tener autonomía sobre sus cuerpos; la penalización no elimina los abortos, sino que los empuja a la clandestinidad; y existe una brecha socioeconómica que permite a las mujeres con recursos acceder a procedimientos seguros fuera del país, mientras la mayoría enfrenta prácticas inseguras o la imposición de una maternidad forzada. Organizaciones como AVESA, respaldadas por años de experiencia y estudios, aportan evidencia contundente que, lamentablemente, choca contra el muro del conservadurismo de autoridades sanitarias, parlamentarios y tribunales venezolanos.
El problema de fondo radica en la incapacidad del liderazgo nacional y las autoridades públicas para tomar decisiones basadas en datos y evidencia. Con demasiada frecuencia, las políticas surgen de epifanías, revelaciones divinas, anécdotas o meros instintos. Hay una alergia evidente a las estadísticas y, más grave aún, al debate público fundamentado en argumentos y criterios. La solución no es simple: requiere aceptar que las creencias personales no bastan para tomar decisiones, qué se necesita una evaluación crítica y rigurosa de la realidad. Sin ello, seguiremos atrapados en el lodo de las opiniones, incapaces de alcanzar el terreno sólido de las certezas.
Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica
