La generación Z, aquellos menores de treinta años que representan casi siete millones de peruanos, salió a las calles a expresar su descontento con el Gobierno de Dina Boluarte. Si en 2022 y 2023 fueron los colectivos ciudadanos de la sierra sur los que asumieron el liderazgo de las manifestaciones; en 2024 y gran parte de 2025 fueron los gremios del transporte, esta vez, los protagonistas fueron los jóvenes.
Bajo el lema de Unidos por un Perú que merecemos, la generación Z —influenciada por el anime que simbolizó las protestas en Nepal— convocó a la gente a marchar en dos jornadas seguidas (sábado y domingo). La lucha se reactivó por una reforma en la Ley de Pensiones que obligaba a los trabajadores independientes a aportar a las AFP a partir de 2028 y, además, limitaba a los menores de 40 años a retirar el 95,5% de su fondo al jubilarse. Si bien el Ejecutivo y el Congreso dieron marcha atrás en las modificaciones e incluso aprobaron el octavo retiro de los fondos de pensiones para apaciguar las aguas, las movilizaciones no se diluyeron y siguieron adelante.
Un escuadrón policial de cinco mil efectivos —según el diario La República— se desplegó en el centro de Lima para reducir a los manifestantes. La represión fue más intensa en la plaza San Martín, donde un cinturón de seguridad evitó que más personas ingresaran o escaparan del perímetro. Lanzaron bombas lacrimógenas y perdigones. Las brigadas autoconvocadas de salud reportaron a catorce heridos, entre ellos a tres periodistas: los reporteros Diego Quispe del portal de investigación Ojo Público y Jahaira Pacheco de radio Exitosa, quien fue herida junto a su camarógrafo durante una transmisión en vivo. “Solo estaba grabando lo que sucedía. Me dispararon tres perdigones, dos en la espalda y uno en el brazo. El Gobierno reprime porque hay impunidad”, señaló Quispe.
La Policía, en tanto, reportó doce efectivos heridos, con contusiones. “El personal hizo uso legítimo de la fuerza mediante maniobras de control y restablecimiento del orden, empleando medios idóneos conforme a la ley”, se ha justificado la institución mediante un comunicado. En ese documento notifican que hubo un incendio en el frontis de la Corte Superior de Justicia de Lima y daños en el acceso al Palacio de Justicia, además de otras afectaciones en la vía pública.
