(Por: Rubén Limas Telles)
«Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios», esta frase fue pronunciada por Jesucristo. La dijo en respuesta a una pregunta sobre el pago de impuestos a Cesáreo, y refleja la idea de que las responsabilidades terrenales y las responsabilidades espirituales deben ser distinguidas y respetadas por separado.
En nuestro caso, la usamos para resaltar el trabajo minucioso de una de las subcomisiones de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela que más produce anteproyectos de ley; me refiero a la SubComisión de Innovación, Modernización del Estado y Escalamiento de Sectores Estratégicos.
Son muchas las leyes que allí ya hemos preparado, y que solo esperan el visto bueno de Junta Directiva de la AN, para pasar a su primera y segunda discusión. Una de ellas es la Ley de Inteligencia Artificial.
Este proyecto de ley, se produce en un momento en que la transformación digital ha venido cambiando la vida cotidiana de la sociedad venezolana. Es sin duda, un instrumento de regulación y uso responsable de la IA, para el desarrollo de la República. Se requiere formular un marco jurídico que aborde: Transparencia, responsabilidad, equidad, ética, privacidad y seguridad, garantizando derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, pero que, a su vez, fomente la innovación, educación y desarrollo de la IA.
Este proyecto de ley, se aprobó por la Asamblea Nacional en primera discusión en el mes de noviembre 2024, tiene por objeto establecer un régimen jurídico claro y estructurado para regular la implementación, desarrollo y comercialización de la IA, centrado en las personas y en consonancia con la protección efectiva de los derechos fundamentales previsto en la carta magna.
Esta ley va a desarrollar una clasificación detallada y rigurosa de los riesgos asociados a la IA, obligaciones específicas de transparencia, supervisión humana obligatoria, evaluación y auditoría continua, responsabilidad explícita para usuarios y proveedores, y la promoción del uso ético, seguro y sustentable de esta herramienta tecnológica, para a su vez, fomentar la innovación tecnológica y desarrollo económico y social del país.
El Estado velará por el cumplimiento de esta ley, a través de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial, adscrita a Ministerio de Ciencia y Tecnología, la cual estará a cargo de inspeccionar, fiscalizar y determinar las responsabilidades civiles, administrativas y penales. Ella tendrá una personalidad jurídica propia, autonomía presupuestaria, administrativa, financiera y de gestión en las materias de su competencia.
Toda persona que pudiera falsificar o manipular imágenes, videos o audios para imitar o simular el rostro, la voz, gestos faciales, corporales o cualquier comportamiento humano, sin el consentimiento del usuario, causando daño a terceras personas, deberá ser castigado. Por ello la obligación de la supervisión humana permanente.
También la ley contempla, la incorporación por parte del Ministerio de Educación de contenidos relacionados con Inteligencia Artificial a los planes de estudio de todos los niveles, desde el básico al universitario.
Contempla además, la capacitación de los docentes; la formación digital será una responsabilidad del Estado venezolano.
Un elemento que contempla la ley, es la necesidad de condiciones mínimas de conectividad y acceso a la tecnología por igual en todos los rincones del país. Para que la Inteligencia Artificial beneficien a alumnos y docentes por igual, se requiere acceso completo a conectividad y tecnología. Sabemos que siete de cada 10 hogares urbanos tienen acceso al internet y solo cuatro de cada 10 hogares rurales tienen la misma conectividad. Habrá que corregir estas diferencias para evitar el riesgo que la IA aumente las diferencias sociales y la pobreza.
Esperamos entonces que podamos entrar pronto en la fase de consulta pública, para luego llevar esta ley al seno de la segunda discusión en la Asamblea Nacional.
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