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El centro de detención temporal conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en una pista del Aeropuerto Dade-Collier en los Everglades, Florida, alberga actualmente a unos 750 migrantes de casi 40 nacionalidades, incluidos cientos sin antecedentes penales ni cargos en Estados Unidos, según documentos obtenidos por el Miami Herald y el Tampa Bay Times.

Presentado por el expresidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis como un centro destinado a “los peores criminales”, el recinto acoge al menos 250 personas sin historial delictivo, según la lista oficial filtrada. Solo un tercio de los detenidos tiene antecedentes, que van desde delitos graves como intento de homicidio hasta infracciones menores de tránsito o reingreso ilegal.

Varios migrantes fueron detenidos tras redadas estatales o federales sin haber sido condenados, mientras otros tienen casos de asilo en curso o ingresaron legalmente bajo programas como CBP One o parole humanitario.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la portavoz Tricia McLaughlin defendió estas detenciones, argumentando que la falta de antecedentes en EE.UU. “no significa manos limpias”, aludiendo a posibles vínculos con delitos internacionales o entrada ilegal como causa suficiente.

Sin embargo, abogados y familiares denuncian la arbitrariedad del centro. La abogada Regina de Moraes cuestionó la detención de su cliente brasileño, solicitante de asilo y empresario en Orlando, detenido tras una infracción menor: “No representa una amenaza, es un desperdicio de recursos”, afirmó.

Otro caso polémico es el del nicaragüense Denis Alcides Solís Morales, quien llegó bajo parole humanitario y fue detenido tras una parada de tráfico, pese a tener asilo pendiente.

La falta de transparencia también ha sido foco de críticas, pues Florida ha evitado publicar la lista completa de detenidos, mostrando solo nombres selectivos a medios afines. El ICE aclaró que el control operativo de Alligator Alcatraz recae en el estado de Florida.

El caso se produce mientras estudios de la Universidad de Syracuse indican que cerca del 50% de los migrantes bajo custodia del ICE no tienen condenas ni cargos.

Legisladores que visitaron el lugar describieron un sistema de pulseras de colores para clasificar a los internos según supuestos niveles de peligrosidad, aunque no existen criterios públicos para esa categorización.

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